Blindar las normas que rigen la actividad de la edificación en el país y cerrar las puertas a cualquier vacío legal que "tiente a los constructores a abusar de los Planes de Ordenamiento Territorial", según el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño, es la meta que se trazó para 2014 ese Ministerio, con el fin de garantizarles a los compradores la adquisición de inmuebles seguros.
La iniciativa de modificar las normas surgió tras la reflexión conjunta que hizo el Ministerio de Vivienda con los alcaldes de las ciudades capitales, durante la VII Cumbre de Alcaldes, en Pasto, de una propuesta presentada por el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, quien, a raíz del suceso ocurrido en la unidad residencial Space, planteó la necesidad de hacer una revisión nacional de las leyes de construcción.
De acuerdo con el cronograma del Ministerio, la propuesta estaría lista en marzo para iniciar su curso en el Congreso, y se espera que con esas modificaciones el Gobierno evite tragedias como Space, pues, "cuando esas cosas pasan, el Estado debe evitar que se vuelva una tendencia y estamos a tiempo de hacerlo", dijo Herrera Castaño en una entrevista con El Colombiano.
¿Cómo surgió esta iniciativa y qué participación tuvo la Alcaldía de Medellín en su construcción?
"A comienzos de noviembre de 2013 el alcalde Aníbal Gaviria nos presentó un listado de propuestas que iban en consonancia con lo que el Ministerio había anunciado luego de que ocurriera el suceso en Space, entre ellas, que se iba a eliminar la supervisión independiente, lo que el ministro Luis Felipe Henao llamó la supervisión del yo con yo, y se anunció que se iba a exigir póliza obligatoria de estabilidad. Esa propuesta se discutió en la Cumbre de Alcaldes en Pasto, el 30 de noviembre, en presencia del presidente Juan Manuel Santos y creamos una mesa de trabajo con alcaldes de capitales para revisar las propuestas de Medellín y del Ministerio".
¿De qué manera se implementará esa propuesta, quiénes serán los encargados de tramitarla y aplicarla?
"El Ministerio de Vivienda asume la tarea de adelantar ante el Congreso de la República la reglamentación y también nosotros seremos los encargados de socializarla con los municipios. Otros ajustes normativos los vamos a hacer por reglamentación y, sin duda, habrá una parte que deberán hacer los municipios en materia de control.
La idea es que en marzo estemos impulsando el trámite de estas medidas en el Congreso y, en lo que tiene que ver con los temas de las ciudades capitales, los alcaldes pidieron que el Ministerio les dé su apoyo técnico para la reglamentación a nivel local, de manera que las normas locales de los Planes de Ordenamiento Territorial queden articuladas con normas nacionales.
Buscamos que no nos pase lo que está sucediendo en materia urbanística y es que las reglamentaciones nacionales establecen unas condiciones y las normas locales a veces no van para el mismo lado o desvirtúan el propósito de la norma".
¿Concretamente en qué consisten esas propuestas de modificación de la norma?
"La primera es la exigencia a las constructoras de una póliza obligatoria de estabilidad, que ampare los riesgos de diseños y de construcción y que les garantice a los compradores la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas por el constructor. En ese punto, hacemos un trabajo fuerte de la mano de Fasecolda, que es el gremio que agrupa todas las aseguradoras del país, y con Camacol, y estamos mirando que sea un producto que resuelva las garantías que tiene que resolver, sin poner barreras que dificulten el desempeño del sector de la construcción.
En segundo lugar, pensamos que es necesario establecer que no se va a permitir que haya supervisión técnica por parte de los mismos constructores. Entonces, en todos los casos será un supervisor técnico independiente que haga las veces de interventor del proyecto y que tenga un alcance en cuatro campos: velar porque en la ejecución de las obras se cumpla con lo que está en los planos y con los requisitos técnicos determinados en el Código de construcción colombiana, controlar los materiales durante la ejecución de las obras y supervisar la ejecución de las obras.
Ellos deberán entregar un informe final, como lo propuso la Alcaldía de Medellín, con el fin de verificar que la obra cumplió y que va a permitir la ocupación de los inmuebles. Entonces, solamente con el informe de la supervisión técnica independiente en mano el constructor va a poder ir ante el notario a correr las escrituras públicas de enajenación, es decir, el inmueble no sale al comercio si no hay informe técnico y si no hay póliza".
¿Los interventores de los que usted habla serán funcionarios públicos o empleados de empresas privadas?
"En la Ley 400 se dejó una posibilidad, no una obligación, de que la Comisión Asesora para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes estableciera unas condiciones de acreditación de los profesionales en obras civiles, para que puedan revisar diseños o ejercer labores de supervisión técnica durante la ejecución de las obras. Esas labores van a ser objeto de acreditación durante este año, de manera que cuando tengamos la Ley modificada ya esté el paquete completo. Así que todo ingeniero experto en estructuras en el país que quiera ejercer labores de diseño, de supervisión o de revisión de diseños, tendrá que acreditarse ante la comisión y esas personas van a responder por las labores de interventoría".
En Medellín se habló de eliminar la figura del Curador. Con esta normatividad, ¿efectivamente se eliminaría o qué va a pasar con los curadores?
"El Gobierno cree en la figura del curador urbano como una institución. Como siempre lo hemos hecho, hay que seguir fortaleciéndola, y lo que buscamos a nivel legal es generar un régimen clarísimo de incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos y someterlos a un sistema de vigilancia y control que, además de la Procuraduría y la Contraloría, recaiga en la Superintendencia que se está creando para ese efecto. Así vamos a controlar esas "empresas de papel" que se crean para construir un edificio y apenas lo venden se liquidan y no hay quién les responda a los compradores. Con la nueva normatividad, hasta que las constructoras no dejen póliza e informes, esas empresas no se liquidan porque los inmuebles no van a poder salir al comercio hasta que no cumplan con todo".
¿Todas las construcciones que se ejecuten en el país, grandes, medianas y pequeñas, tendrán que adelantar esos trámites?
"Este andamiaje que proponemos estará orientado a la ejecución de las obras de cierta dimensión y envergadura. No será obligación para casas de un solo piso, por ejemplo, porque sería técnicamente poco apropiada".
¿Cómo harán para que esa nueva normatividad vaya en igual sentido que los Planes de Ordenamiento Territorial?
"Esa es una preocupación del alcalde Aníbal Gaviria que recogimos para esta propuesta. Sucede cuando en una ciudad cambia el POT y todo el mundo sale a tramitar licencias. En ese caso hay una discusión importante, puesto que hay que mantener unas reglas objetivas para que, amparados en la defensa de los derechos adquiridos, no se violen las disposiciones de los Planes de Ordenamiento. Queremos poner límites a las vigencias de las licencias por etapas, de manera que evitemos que vulneren las disposiciones de un nuevo POT, obviamente respetando a aquellos urbanizadores que sí están ejecutando obras. No va a volver a pasar que proyectos de pequeña magnitud en urbanización se estiren en el tiempo para construirse en 20 0 30 años. Las licencias por etapas de urbanización solo van a ser aplicables cuando se trate de grandes proyectos, para evitar que se vulneren las disposiciones de los Planes de Ordenamiento. Es decir, queremos cerrar la posibilidad o la tentación para que se abuse de un Plan de Ordenamiento, con normas que tienen un propósito que no es ese".
¿Cuándo será una realidad este proyecto?
"El presidente Santos nos pidió que fuéramos con calma, que siguiéramos discutiéndolo y estamos en eso, siguiendo el encargo de concertar estas propuestas con las ciudades y con el sector privado, porque no podemos desconocer que tanto los constructores como las aseguradoras tienen gran importancia en este proceso. La idea es que el Estado y los privados estemos de acuerdo para seguir robusteciendo el sector de la construcción.
En marzo reanuda labores el Congreso y en ese mes tenemos que estar tramitando las normas que tienen que ver con modificaciones legales y la intención es sacar el proyecto muy rápido y esperamos que este mismo año funcione".
Mañana, lunes 20, es la fecha indicada por la Universidad de Los Andes para entregar las conclusiones iniciales sobre el colapso de la torre 5 de Space. ¿Qué lectura hace usted de este suceso?
"El caso de Space es atípico, nunca había pasado, y con los resultados de la investigación de Los Andes tendremos unas primeras indicaciones de qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, yo todavía soy un convencido de que lo que pasó allí fue un caso extraordinario, aislado, que no se puede volver a repetir".
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